Brasil legisló primero y reguló después. La Ley 14.478 de 2022, el Marco Legal de los Activos Virtuales, definió los activos virtuales y a sus proveedores de servicios, creó un delito específico de fraude con activos virtuales y dejó las reglas operativas en manos del regulador designado que, según confirmó un decreto de 2023, es el Banco Central de Brasil, mientras que la CVM conserva la competencia sobre los tokens que son valores. Las reglas operativas llegaron en noviembre de 2025 como un paquete de resoluciones del BCB y entraron en vigor el 2 de febrero de 2026: los proveedores de servicios de activos virtuales deben obtener la autorización del banco central, sujeta a requisitos de aptitud y honorabilidad, capital, gobernanza y segregación, con períodos transitorios para las empresas ya establecidas, y las operaciones con stablecoins y las operaciones cripto vinculadas a moneda extranjera se integran en el perímetro de la regulación cambiaria, una medida singular a nivel mundial que refleja hasta qué punto los flujos de stablecoins en dólares dominan el volumen brasileño.
Brasil es el mayor mercado cripto de América Latina, con un uso muy extendido de stablecoins, un sector de plataformas de intercambio integrado con la banca y Drex, un proyecto de infraestructura del banco central que abandonó su piloto de blockchain a fines de 2025. La política tributaria ha tenido vaivenes sin que cambie la regla central. Una medida provisional de 2025 que habría sustituido la exención mensual de R$35.000 por un impuesto a tasa fija del 17,5% caducó en octubre de 2025 después de que la Cámara de Diputados la retirara, por lo que la exención se mantiene, y desde el 1 de julio de 2026 las normas DeCripto de la Receita Federal exigen a los proveedores de servicios cripto reportes mensuales. En la Solução de Consulta Cosit 218, fechada el 5 de noviembre y publicada el 6 de noviembre, la Receita Federal resolvió que comprar, vender o permutar stablecoins en el exterior no constituye en sí misma una operación de cambio, por lo que no genera por sí sola el impuesto sobre las operaciones de cambio.
El banco central volvió a endurecer el régimen a fines de septiembre. La Resolución BCB 589, del 23 de septiembre de 2026, modifica el marco de los VASP. Las instituciones autorizadas no pueden operar con proveedores de activos virtuales no autorizados a partir del 6 de noviembre de 2026, y la restricción, en su versión modificada, ya no menciona a los proveedores que siguen en proceso de autorización, a los que la norma original había exceptuado. Desde el 1 de enero de 2027, el reporte de los saldos de clientes, las tenencias en custodia en Brasil y en el extranjero, las pruebas de reservas y los activos comprometidos en staking, que los proveedores ya deben presentar desde la fecha en que solicitan la autorización, se mantiene después de la primera fase de la autorización y se extiende a los bancos y otras instituciones autorizadas que ofrecen servicios de activos virtuales, en la forma que establezca el banco central. La Resolución BCB 591, del 30 de septiembre, sustituyó a la Resolución 588, emitida una semana antes, y mantiene la obligación de reportar a la unidad de inteligencia financiera, el Coaf, las transferencias de activos virtuales hacia o desde billeteras de autocustodia por un valor de US$10.000 o más, pero los reportes sobre las operaciones del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026 deben presentarse el primer día hábil de enero de 2027. Los proveedores que ya operaban debían solicitar la autorización a más tardar el 30 de octubre de 2026; los que la solicitaron a tiempo pueden seguir prestando servicios hasta que concluya su proceso, y los que no lo hicieron deben cesar en un plazo de 30 días a partir de la fecha límite. El 9 de noviembre, el banco central publicó la lista de los 120 proveedores que solicitaron la autorización, con datos al 6 de noviembre: 119 están en evaluación y pueden seguir operando, y a uno, Higherway, se le denegó la autorización. Una segunda lista recoge 24 instituciones ya autorizadas que pueden ofrecer servicios de activos virtuales, y todavía no se había autorizado a ningún solicitante. La Resolución BCB 594, del 30 de septiembre, fija plazos máximos de decisión para las solicitudes presentadas a partir del 2 de octubre: 1.080 días para el conjunto de las dos fases en el caso de los proveedores que ya operan y 720 días para los nuevos participantes. El 28 de septiembre, el banco central publicó su denegación de la solicitud de autorización de Higherway Tech Soluções Ltda., decidida el 25 de agosto, que impide a la empresa prestar servicios de activos virtuales, y el 14 de octubre la CVM abrió un piloto exclusivamente de prueba para la emisión, la negociación y la liquidación de valores en registros distribuidos (Resolución CVM 249), en el que no se permiten inversionistas ni activos reales; al 6 de noviembre, su grupo de trabajo sobre tokenización había recibido 11 propuestas de pruebas piloto.
Las actas publicadas el 16 de noviembre muestran que el Consejo Monetario Nacional aprobó el 24 de septiembre una norma que modifica la Resolución 4.557 para incorporar las operaciones con activos virtuales y tokens, así como la prestación de servicios de activos virtuales, a la estructura de gestión de riesgos de las instituciones, y que modifica la Resolución 4.606, sobre el perfil de riesgo simplificado; al 16 de noviembre, la resolución resultante no se había publicado. Conforme a la Resolución BCB 574, las instituciones autorizadas a operar en el mercado de cambios deben reportar sus operaciones de servicios de activos virtuales realizadas a partir del 3 de noviembre de 2026 a más tardar el quinto día del mes siguiente, por lo que los primeros reportes vencen el 5 de diciembre, y las normas contables para los activos virtuales mantenidos por bancos y otras instituciones autorizadas entran en vigor el 1 de enero de 2027.
Los instrumentos
Marco Legal de los Activos Virtuales
Define los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), establece principios de gobernanza, segregación y protección del consumidor, tipifica como delito el fraude con activos virtuales y delega en el Banco Central de Brasil la autorización y la supervisión de la actividad cripto no relacionada con valores.
Régimen de autorización del BCB para VASP
Exige la autorización del banco central para los proveedores de servicios de activos virtuales, establece normas de capital, gobierno corporativo, custodia y segregación, integra las operaciones con stablecoins y las operaciones cripto vinculadas a divisas en el marco cambiario, y prevé períodos transitorios para las empresas que ya operan. La Resolución 589 (septiembre de 2026) prohíbe a las instituciones autorizadas operar con proveedores no autorizados a partir del 6 de noviembre de 2026 y, desde el 1 de enero de 2027, extiende el reporte de supervisión más allá de la primera fase de la autorización y a los bancos y otras instituciones autorizadas; la Resolución 591, que sustituyó a la Resolución 588, exige reportar al Coaf (la unidad de inteligencia financiera de Brasil) las transferencias de autocustodia de US$10.000 o más, y los reportes sobre las operaciones del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026 deben presentarse el primer día hábil de enero de 2027.
Contabilización de los activos virtuales mantenidos por instituciones autorizadas
Las dos resoluciones establecen normas de reconocimiento, medición y divulgación para los activos virtuales mantenidos por bancos, proveedores de servicios de activos virtuales y otras instituciones autorizadas por el Banco Central de Brasil, a partir del 1 de enero de 2027.