Ley cripto de EE. UU.: respuestas

Sí, en todos los estados. Comprar, mantener, negociar y minar criptoactivos es legal en todo el país. Lo que está regulado es el negocio de manejar criptoactivos de terceros: las plataformas de intercambio se registran ante FinCEN como empresas de servicios monetarios, la mayoría de los estados exigen licencias de transmisor de dinero o licencias específicas para criptoactivos, los emisores de stablecoins están sujetos a la Ley GENIUS y los tokens que son valores quedan bajo la competencia de la SEC. La cuestión abierta en 2026 es qué agencia federal supervisa cada mercado. La Ley CLARITY se redactó para resolverla; desde que el proyecto de ley se estancó en el Senado el 15 de septiembre, las agencias la han ido resolviendo mediante normas.

Ambas, según el activo. El comunicado interpretativo conjunto de marzo de 2026 trazó la línea actual: las commodities digitales como bitcoin, ether, XRP, SOL, ADA y DOGE (se nombraron dieciséis activos) corresponden a la CFTC; los tokens de tipo valor, a la SEC; y las stablecoins de pago, al régimen de corte bancario de la Ley GENIUS. La Ley CLARITY plasmaría esa división en la ley y otorgaría por primera vez a la CFTC autoridad sobre los mercados al contado de commodities digitales. Con el proyecto de ley estancado desde el 15 de septiembre, las empresas se apoyan en el comunicado, en el memorando de entendimiento SEC-CFTC y en las propias normas de las agencias.

Los emisores de stablecoins de pago deben contar con licencia, federal a través de la OCC o conforme a un régimen estatal certificado; mantener reservas 1:1 en efectivo, depósitos asegurados, bonos del Tesoro a corto plazo y operaciones de recompra (repos); publicar informes mensuales de reservas con certificación de sus directivos; atender los reembolsos a la par; y cumplir la Ley de Secreto Bancario. Dos prohibiciones definen el producto: los emisores no pueden pagar intereses ni rendimientos sobre la propia stablecoin, y las sociedades cotizadas no financieras enfrentan restricciones para emitirlas. El régimen de licencias entra en vigor el 18 de enero de 2027 y, a partir del 18 de julio de 2028, los proveedores de servicios no podrán ofrecer en absoluto stablecoins de pago sin licencia a personas estadounidenses. La propuesta del Departamento del Tesoro del 18 de agosto de 2026 define qué se considera emisión u oferta en Estados Unidos; el plazo para comentarios cierra el 19 de octubre.

Estancada. La Cámara de Representantes la aprobó por 294–134 en julio de 2025, y los Comités de Banca y de Agricultura del Senado aprobaron sus versiones en el primer semestre de 2026, fusionadas en un único texto del Senado. El 15 de septiembre de 2026, el Senado rechazó por 49–50 la votación de cierre del debate (cloture) sobre la moción para iniciar el debate, a once votos de los 60 necesarios, pese a que un texto final había añadido una norma ética respaldada por la Casa Blanca que obliga a los funcionarios comprendidos a desprenderse de participaciones cripto significativas o a recurrir a fideicomisos ciegos. Ningún demócrata votó a favor y cuatro republicanos votaron en contra, uno de ellos, el senador Tillis, para poder presentar una moción de reconsideración. Esa moción mantiene procesalmente posible una reactivación después de las elecciones; si no se produce, el proyecto de ley decaerá cuando termine el 119.º Congreso, el 3 de enero de 2027.

Varias. A nivel federal, el registro como empresa de servicios monetarios (MSB) ante FinCEN; licencias de transmisor de dinero en la mayoría de los estados donde tenga clientes; la BitLicense de Nueva York si tiene cualquier vínculo con Nueva York; y, desde el 1 de julio de 2026, una licencia DFAL de California (o una solicitud pendiente) para los residentes de California. Illinois suma un régimen de licencias que se implanta gradualmente hasta 2027. Si lista tokens que la SEC considera valores, surgen cuestiones de registro como intermediario de valores (broker-dealer) y como bolsa, que es lo que la Ley CLARITY y las normas de Project Crypto de la SEC pretenden racionalizar.

La prueba Howey pregunta si existe una inversión de dinero en una empresa común con la expectativa de obtener ganancias derivadas del esfuerzo de terceros. Los tribunales que la han aplicado a los criptoactivos han hilado muy fino: un mismo token puede ser un valor cuando se vende a inversionistas con promesas y no serlo en la negociación secundaria a ciegas (blind bid), que es aproximadamente la conclusión a la que llegó el litigio de Ripple. El comunicado conjunto de 2026 orientó el análisis práctico hacia categorías de activos, el Reglamento de Criptoactivos (Regulation Crypto Assets) propuesto por la SEC añadiría un puerto seguro (safe harbor) una vez que el emisor haya completado o abandonado las labores de gestión que prometió, y la prueba de “blockchain madura” de la Ley CLARITY permitiría que los tokens de redes suficientemente descentralizadas se negocien como commodities digitales. Hasta entonces, cómo se vendió importa tanto como qué se vendió.

Como bienes. Toda enajenación (vender por dólares, intercambiar un token por otro o gastarlo) es un hecho imponible que genera una ganancia o pérdida de capital; los ingresos por minería, staking y airdrops son renta ordinaria a su valor justo de mercado. Los intermediarios comenzaron a declarar los ingresos brutos en el Formulario 1099-DA para las transacciones de 2025, con la declaración de la base de costo a partir de 2026, y el IRS propuso en marzo de 2026 normas de entrega digital de los formularios. El Congreso derogó en 2025 la norma sobre intermediarios de interfaz (front-end) DeFi, por lo que actualmente la obligación de reporte alcanza a las plataformas custodias.

Ya lo hace. La orden ejecutiva de marzo de 2025 creó una Reserva Estratégica de Bitcoin que mantiene los bitcoins decomisados bajo una política de no venta, además de una reserva separada de otros activos digitales decomisados, y autorizó estrategias de adquisición presupuestariamente neutrales. Los estados siguieron el ejemplo: Texas financió una reserva independiente, Nuevo Hampshire autorizó la inversión por parte del tesorero y Arizona creó un fondo a partir de bienes no reclamados. Sigue abierta la cuestión de si el Congreso consagrará en una ley la reserva federal de bitcoin.

En la práctica, sí, por orden ejecutiva; por ley, casi. La Orden Ejecutiva 14178 prohíbe a las agencias establecer o promover una CBDC, y la Ley contra el Estado de Vigilancia mediante CBDC (Anti-CBDC Surveillance State Act), que impediría a la Reserva Federal emitir una CBDC minorista sin autorización del Congreso, fue aprobada por la Cámara de Representantes en julio de 2025 y avanza en paralelo al debate sobre la estructura de mercado en el Senado. La postura política está definida en cualquier caso: la digitalización del dólar se canaliza a través de stablecoins privadas reguladas, no de una moneda de la Fed.

La era de la prioridad sancionadora terminó en 2025 y la era de la reglamentación comenzó en agosto de 2026. La SEC desestimó o cerró mediante acuerdos los casos emblemáticos por falta de registro contra plataformas de intercambio, archivó la mayoría de las investigaciones abiertas bajo el presidente anterior y lanzó Project Crypto y un Grupo de Trabajo Cripto (Crypto Task Force) encabezado por la comisionada Peirce. El 18 de agosto de 2026 propuso el Reglamento de Criptoactivos (Regulation Crypto Assets), su primera norma cripto permanente: una exención para empresas emergentes aplicable a ofertas de hasta US$5 millones a lo largo de cuatro años y una exención de captación de fondos de hasta US$75 millones anuales con divulgación en un nuevo Form 1-CRYPTO, además de la prevalencia sobre la normativa estatal para esas ofertas. El plazo para comentarios vence el 20 de octubre. El 17 de septiembre le siguió una exención de innovación que permite a nuevos centros de negociación operar en cadena (on-chain), durante cinco años y con límites estrictos, con versiones tokenizadas de acciones estadounidenses cotizadas. Las acciones contra el fraude continúan, y los reguladores de valores de los estados no han bajado la guardia.

Sí, ahora que sus reguladores han vuelto a dar su visto bueno. La OCC reafirmó en 2025 que los bancos nacionales pueden custodiar criptoactivos y externalizar la ejecución, la Fed y la FDIC retiraron los requisitos de notificación previa que habían frenado la actividad cripto de los bancos, y las agencias emitieron una guía conjunta sobre salvaguarda. La Ley GENIUS se apoya en ello al permitir que las instituciones de depósito aseguradas emitan stablecoins de pago a través de filiales. La fricción restante es el tratamiento del capital, ámbito en el que las normas derivadas de Basilea siguen tratando de forma punitiva las exposiciones cripto a la espera de su revisión.

Cuatro, por distintas razones. Nueva York, porque la BitLicense sigue siendo la puerta de entrada más estricta y el NYDFS supervisa a los mayores emisores de stablecoins en dólares. California, porque la DFAL comenzó a aplicarse en julio de 2026 y su mercado es demasiado grande para excluirlo mediante geobloqueo. Texas, porque allí se concentran la economía de la minería y la reserva estatal con fondos asignados. Y Wyoming, porque sus licencias bancarias especiales (charters), su ley de DAO y su stablecoin estatal siguen aportando los modelos que todos los demás debaten. El monitor de estados cubre los once.