Argentina construyó su régimen a gran velocidad bajo la presión del FMI y del FATF. Una ley de marzo de 2024 creó el registro obligatorio de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) a cargo de la CNV, y la Resolución General 1058 de la CNV, de marzo de 2025, convirtió el registro en regulación: los PSAV deben cumplir requisitos de capital proporcionales a su actividad, segregar los activos de los clientes, mantener estándares de gobernanza local y de ciberseguridad, y cumplir obligaciones de información, con plazos de cumplimiento escalonados a lo largo de 2025 y con las plataformas no registradas sujetas a bloqueo. En paralelo, y bajo la supervisión de la CNV, funcionan las ofertas de tokens representativos de valores y un sandbox de tokenización de activos del mundo real.
Aquí el contexto lo es todo: los argentinos mantienen stablecoins a gran escala como refugio frente a la inflación, y la política ha oscilado entre la simpatía del Gobierno libertario hacia los criptoactivos y la depuración institucional que exigió el escándalo de la memecoin LIBRA, que salpicó a la Presidencia en 2025. La estructura que combina registro y normativa se ha mantenido pese a las turbulencias.
Los instrumentos
Registro de PSAV y marco regulatorio de la CNV
Registro obligatorio de los proveedores de servicios de activos virtuales ante la CNV, seguido de un marco completo: patrimonio neto mínimo según la actividad, estándares de segregación y custodia, establecimiento local para las empresas que prestan servicios a argentinos, ciberseguridad, divulgación de información y alineación con la prevención del lavado de dinero (AML), con plazos de cumplimiento escalonados y bloqueo de quienes no se registren.