Sudáfrica incorporó los criptoactivos a la regulación sin nueva legislación. En octubre de 2022, la FSCA declaró los criptoactivos producto financiero conforme a la Ley FAIS vigente, con lo que el asesoramiento y los servicios de intermediación en criptoactivos, que en la práctica abarcan las plataformas de intercambio y los corredores, pasaron a ser actividades sujetas a licencia. Las solicitudes se abrieron en 2023; al 31 de marzo de 2026, la FSCA había aprobado 310 de las 533 solicitudes de proveedores de servicios de criptoactivos (CASP), había denegado 17 y había registrado el retiro de 124, al tiempo que publica, con fines de fiscalización, listas de empresas que operan sin autorización. En paralelo, en 2022 las empresas de criptoactivos pasaron a ser instituciones obligadas conforme a la Ley del Centro de Inteligencia Financiera, y la directiva del FIC sobre la regla de viaje (travel rule) entró en vigor en 2025, con lo que se completó el andamiaje de prevención del lavado de dinero (AML) impulsado por el FATF que respaldó la salida de Sudáfrica de la lista gris. Desde el 1 de marzo de 2026, el SARS aplica el Marco de Declaración de Criptoactivos (CARF) de la OCDE; el primer período de declaración se extiende hasta el 28 de febrero de 2027, y las declaraciones correspondientes deben presentarse a más tardar el 31 de mayo de 2027.
El control de cambios es ahora el frente de la reforma. En abril de 2026, el Tesoro publicó un proyecto de Reglamento de Gestión de Flujos de Capital que sustituiría al Reglamento de Control de Cambios de 1961 e incorporaría expresamente los criptoactivos al control de cambios, y el 31 de julio de 2026 el Tesoro y el Banco de la Reserva emitieron un proyecto de Manual de Criptoactivos para la actividad transfronteriza que exigiría a los proveedores de servicios de criptoactivos una autorización separada del Banco de la Reserva, con plazo para comentarios hasta el 30 de septiembre de 2026. En la declaración presupuestaria de mediano plazo del 21 de octubre, el ministro de Finanzas dijo que el proyecto de reglamento sobre flujos de capital requiere un enfoque diferente, que abandone las autorizaciones previas en favor de controles sobre la legitimidad y el cumplimiento tributario, y que tras la consulta se publicará un segundo proyecto revisado. Una comunicación conjunta de la FSCA y el Banco de la Reserva de mayo de 2026 confirmó que los criptoactivos, incluidas las stablecoins, quedan fuera del ámbito de la Ley del Sistema Nacional de Pagos y no son dinero, señaló que el Banco de la Reserva está dispuesto a probar stablecoins en rands en el sandbox del grupo de trabajo sobre fintech y afirmó que es poco probable que acepte stablecoins en moneda extranjera como instrumentos de pago para transacciones nacionales. La hoja de ruta del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Fintech sigue orientando la política sobre stablecoins y tokenización hacia una eventual legislación específica.
Los instrumentos
Declaración de los criptoactivos como producto financiero
Somete el asesoramiento y los servicios de intermediación en criptoactivos al régimen de licencias de la Ley FAIS: requisitos de idoneidad y honorabilidad, normas de conducta y supervisión de la FSCA, con 310 solicitudes de proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) aprobadas al 31 de marzo de 2026 y advertencias públicas contra operadores sin licencia.
Ámbito de la Ley FIC y la regla de viaje (travel rule)
Los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) son instituciones obligadas: registro ante el FIC, diligencia debida con los clientes, reportes y, desde 2025, transmisión de la información del originante y del beneficiario conforme a la regla de viaje (travel rule).